El presente estudio se centra en las dificultades que la implementación de algunas de las medidas de la Ley Integral tiene respecto a la legislación existente de índole sustantivo – civil y penal – procesal y orgánico, como de su adaptación a la normativa emanada de la Unión Europea, sobre todo las relativas a la protección de las víctimas especialmente vulnerables. 

Se avanzan diversas propuestas de modificaciones de la normativa vigente, y muy especialmente de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo Anteproyecto fue aprobado el 22 de julio de 2011 en Consejo de Ministros.