La igualdad entre mujeres y hombres es un principio constitucionalmente reconocido en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo la realidad viene a demostrar continuamente la persistencia de importantes escenarios de desigualdad por razón de género, que sitúan a las mujeres en una posición de desventaja, cuando no de clara inferioridad, frente a la de los hombres.

La aprobación de la actual Constitución de 1978 supuso un giro copernicano, un cambio radical, que respondía a las tendencias universales que reclamaban el reconocimiento de la igualdad de las mujeres y los hombres. Aunque lo cierto, como muy bien señala Asunción Ventura, es que el texto constitucional no contiene una mínima perspectiva de género, situando el derecho de la mujer a la igualdad en su artículo 14, junto con el resto de la interdicción de las desigualdades sociales.